Mujer mayor ante una ventana en contraluz
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Una sociedad que reclama justicia social no puede seguir invisibilizando los abusos y malos tratos hacia las personas mayores

15 - 06 - 2023

Mónica Ramos Toro. Geroantropóloga feminista. Coordinadora técnica de UNATE - La Universidad Permanente y Fundación PEM - Patronato Europeo de Mayores.

A pesar de que los abusos y malos tratos hacia las personas mayores son considerados un problema social y de salud pública, existen escasos estudios que aborden esta problemática (UDP, 2019 y 2016; United Nations, 2013; Sancho, et al, 2011; Casado y Bárcena, 2014) y menos aún que lo hagan desde una perspectiva de género (Ramos et al., 2020; United Nations, Ibíd., 2013; Luoma, et al., 2011; Barba, et al., 2009). De hecho, no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo cuando se ha evidenciado que las personas mayores también son víctimas de malos tratos, por lo que su investigación es muy reciente (Red2Red, 2018). Prueba de ello es que las Naciones Unidas abordan por primera vez la violencia contra las personas mayores en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, en la que se presenta un informe al respecto. Una década después, el 9 de marzo de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el objetivo de poner en el calendario mundial esta problemática tan invisibilizada.

En el caso de España, en el año 1996 se celebró la Primera Conferencia Nacional de Consenso que abordó los malos tratos en las vejeces, dando lugar como resultado a la Declaración de Almería, según la cual, «maltrato a mayores sería todo acto u omisión sufrido por personas de 65 años o más, que vulnera la integridad física, psíquica, sexual y económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo; que es percibido por éste o constatado objetivamente, con independencia de la intencionalidad y del medio donde ocurra (familiar, comunidad e instituciones)». Aunque la definición más aceptada tanto a nivel nacional como internacional es la que planteó la Red Internacional para la Prevención del Maltrato hacia las Personas Mayores (INPEA) en 1995, y ratificada en 2002 por la OMS, conocida como la Declaración de Toronto, en la que los abusos y malos tratos hacia las personas mayores (MTPM) se definen como: “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza”.

Es tan amplio el espectro de los abusos que abarca desde malos tratos físicos, psicológicos, sexuales, financieros, negligencia y abandono, vulneración, obstinación diagnóstica, obstinación terapéutica, entre otros. Así, por ejemplo, se considera abuso financiero o económico cuando se hace un uso ilegal o indebido de propiedades o finanzas pertenecientes a una persona mayor. Cuando se le niega el derecho al acceso y control de sus fondos personales. O cuando se le coacciona o engaña para que modifique su testamento u otros documentos jurídicos. El término negligencia hace referencia a la falta de atención u omisión a las necesidades básicas de las personas mayores: se puede ejercer de manera activa o pasiva. Y se considera abandono a la deserción completa por parte de la persona que ha asumido el papel de cuidadora de una persona mayor. En definitiva, todas las formas de abusos y malos tratos llevan implícita una vulneración de los derechos de las personas mayores.

Asimismo, los escenarios en los que se producen los malos tratos son muy diversos: el domicilio de la persona mayor, el hogar de los/as hijos/as, la sala de urgencias de un hospital, la consulta de atención primaria, una residencia para personas mayores, una entidad financiera, un centro de formación para personas mayores, los medios de comunicación, etcétera.

Además, aunque los MTPM se acaban expresando en conductas concretas, a menudo hunden sus raíces en variables estructurales. Se estima, por ejemplo, que en España, el 27% de las personas mayores técnicamente son "pobres" y un porcentaje parecido se encuentra en el umbral de la pobreza, y es sabido que son las mujeres, con frecuencia viudas, las que mayoritariamente subsisten con pensiones de viudedad o asistenciales, en condiciones de precariedad. Esto debe hacernos reflexionar ya que, aunque los malos tratos a personas mayores se dan en todas las clases sociales, los escenarios de exclusión se convierten en un caldo de cultivo determinante.

Según INPEA, los datos de los que disponemos sobre malos tratos a personas mayores son apenas la punta del iceberg, y se pueden utilizar únicamente como datos orientativos, pero no como estimación precisa sobre su prevalencia. Por ejemplo, el estudio de incidencia realizado en 1998 en EEUU por el National Center on Elder Abuse estimó que sólo el 16% de las personas mayores de 65 años que había padecido maltrato lo habían notificado a una institución oficial; es decir, 5 de cada 6 casos quedaban sin notificar. En 2017, un estudio basado en el análisis de 52 estudios realizados en 28 países de diversas regiones del mundo, estimó que, durante 2016, el 15,7% de las personas de 60 años o más fueron sometidas a alguna forma de abuso. Y según la OMS, la tasa de maltrato a personas mayores en el mundo se sitúa entre el 4% y el 6%, cifras parecidas a lo que apuntan los estudios realizados en España, en los que la incidencia oscila entre el 4% y el 5%, siendo las formas más frecuentes la negligencia y el abuso emocional —en todas sus formas— y las menos frecuentes, el maltrato físico y el abuso sexual.

Además, se reconoce que el abuso contra las personas mayores es el menos conocido a nivel mundial y su prevalencia es incalculable (al menos de momento) debido a los numerosos factores que impiden su estudio: invisibilidad social e institucional; deterioro cognitivo, trastornos psicológicos como la depresión, dependencia o discapacidad de la víctima; sentimientos de vergüenza, tristeza e impotencia que llevan al ocultamiento de la situación de maltrato; falta de conciencia por parte de las propias personas mayores de estar sufriendo malos tratos, o de quienes los ejercen de estar infligiéndolos, etcétera. Otra complicación añadida es que los estudios de los que disponemos presentan problemas tanto metodológicos como conceptuales que dificultan la comparación de los resultados, lo cual limita la representatividad y posible generalización de los mismos. Problemas entre los que destacan: la falta de acuerdo universal en algunos criterios —como, por ejemplo, los tipos de malos tratos a incluir en los estudios—, la falta de procedimientos de muestreo claros, la utilización de múltiples instrumentos para evaluar los malos tratos, etcétera (Red2Red, Ibíd., 2018; Sancho, et al, Ibíd., 2011).

Asimismo, la mayoría de los estudios disponibles se han realizado en países occidentales y son muy escasos los realizados, por ejemplo, en las sociedades asiáticas o africanas, por lo que el conocimiento de los malos tratos a personas mayores a nivel mundial es muy limitado (United Nations, Ibíd., 2013). E incluso para la comparativa con datos nacionales, a pesar de disponer de más estudios en países occidentales, en ocasiones con contextos culturales y tradicionales claramente distintos al español, la extrapolación de datos se hace muy difícil y, en ocasiones, poco útil. A pesar de ello, queda evidenciado que los estudios con los que contamos sirven al menos para demostrar que los malos tratos hacia las personas mayores existen y que son un problema social y de salud pública.

En lo que coinciden todos los estudios es en que entre los factores que caracterizan a las víctimas destacan: el ser mujer —las mujeres representan del 66 al 100% de los casos, según el estudio que analicemos—, la edad avanzada, un elevado grado de dependencia y deterioro, la escasez de recursos económicos, el aislamiento social y la falta de apoyos familiares y/o sociales. Además, parece que son las mujeres las que sufren los casos más graves de maltrato tanto físico como psicológico. Vemos, pues, que la confluencia de factores como el género y la edad hace que las mujeres mayores tengan un alto riesgo de sufrir algún tipo de maltrato en sus vejeces.

Lo que también podemos afirmar es que la principal causa que perpetúa esta discriminación, abuso y malos tratos hacia las personas mayores tiene que ver con la mirada estereotipada y estigmatizadora que existe todavía sobre las mismas, así como con las representaciones sociales edadistas sobre el envejecimiento y la vejez definidas todavía como un proceso y una etapa de la vida con connotaciones negativas. Este edadismo y la escasa adopción de un enfoque de género son dos factores que contribuyen a invisibilizar el maltrato infligido a las personas mayores, lo que afecta especialmente a las mujeres, ya que son quienes más los sufren (Ramos, et al. Ibíd., 2020; UDP, 2019; Casado y Bárcena, Ibid., 2014; Sánchez Moro, Ibíd., 2013). El edadismo genera unas actitudes y representaciones sociales negativas hacia las personas mayores que, en cierta forma, «hacen que se las deshumanice» (Sánchez Moro, Ibíd.). Especialmente negativas son las imágenes socioculturales que las muestran como seres frágiles, débiles, dependientes y con escaso o nulo poder y control sobre sus vidas, lo que provoca que se les dé un trato desempoderante en el que se tiende a anular su capacidad para la toma de decisiones y el desarrollo de una vida autónoma. En el mismo sentido, deberíamos considerar un mal trato, o al menos la ausencia de buen trato, la falta de protagonismo y reconocimiento de las aportaciones que realizan las personas mayores, especialmente las mujeres mayores, en la sociedad y en las familias, y que invisibilizan su contribución al desarrollo y bienestar. Este edadismo es un caldo de cultivo sobre todo para el abuso y la violencia hacia las mujeres mayores —que son las que llegan a edades más avanzadas— en diferentes ámbitos, tanto familiares como institucionales o sociales, haciendo de éste un grave problema de muy difícil abordaje, dada la escasez de estudios que evidencien datos reales sobre su incidencia, la falta de visibilidad de esta problemática en los medios de comunicación y la falta de concienciación de la sociedad en su conjunto y de los/as profesionales que tratan de manera cotidiana con familias y con personas mayores.

En esta línea de trabajo necesario, la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) promovida por la Organización Mundial de la Salud, establece entre sus prioridades superar el edadismo cambiando “nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el envejecimiento”, y fomentar los entornos físicos y sociales amigables con la población mayor que aseguren que las ciudades y comunidades “fomenten las capacidades de las personas mayores”. Ambas pueden contribuir a la toma de conciencia y superación de los malos tratos y abusos a personas mayores.

En conclusión, desde UNATE - Fundación PEM, queremos destacar que no sólo en torno al 15 de junio Día de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Malos Tratos en la Vejez tenemos que poner el foco en esta problemática social, si no de manera más sistemática, ya que sólo se mejora aquello que se saca a la luz y se prioriza en la agenda política y social. Por ello, es necesario reivindicar un enfoque de derechos en todo lo relativo a las personas mayores: nacemos con derechos y no los perdemos por el hecho de hacernos mayores.

Además, es imprescindible adoptar un enfoque de género en el abordaje de la violencia contra las mujeres mayores que permita visibilizar sus características y necesidades propias, lo que repercutirá en un desarrollo de políticas, estrategias y estándares que sirvan para detectar e intervenir en las diferentes situaciones de violencia y, en última instancia, para contribuir a su prevención.

Bibliografía:

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